Incomprensible la tozudez y obstinación de César Jara Torres y el llamado directorio del Cuerpo de Bomberos al no entregar la institución para su intervención, institución que ellos mismos y otros destruyeron y que data desde hace 6 años.
Las vergonzosas, incompetentes e incapaces administraciones compuesta por individuos con un mínimo grado de preparación se convirtieron en verdaderos “demoledores”, ante hechos lamentables, desastrosos y perjudiciales llenos de irregularidades, indisciplina, y actuaciones antirreglamentarios, vicios en consejos de disciplina, sin conciencia a la ética, moral y doctrina bomberil. Es justo mencionar también que los 4 directores de compañías forman parte del equipo de “destructores
Tardía reacción Consejo Regional
Si bien el consejo regional de Bomberos de Chile, durante largo rato fue un mero espectador conociendo las aberrantes brutalidades que se cometen. Hoy tímida y tardíamente estarían desarrollando algunas acciones lideradas por el presidente Provincial de Concepción, Danilo Flores Bello, quien se reunió recientemente en compañía de otros presidentes provinciales con integrantes de Bomberos de Penco, los mismos que sin pundonor han destruido la institución.
Definitivamente César Jara Torres, debe tomar la decisión de solicitar acuerdo y entregar el Cuerpo de Bomberos de Penco, pensando en los voluntarios, sus familias y en la comuna. El cuerpo de Bomberos, no merece estar donde está y menos se impida el desarrollo y progreso, no pueden seguir reparando las goteras a la espera se termine de caer todo el techo.
Calamitosa e incompetente administración 2020.
¿Por qué César Jara Torres y su equipo llamado directorio no han tomado acciones contra Fernando Inzunza Oñate y Pablo Corona Duran y sí dispusieron al órgano disciplinario a Luis Sanfuentes? La respuesta podría ser muy simple porque César Jara Torres, participó de la desastrosa, infausta e incompetente administración 2020, y no cumplió con su rol, así como tampoco los directores de compañía y entre ellos el actual tesorero general Iván Molina Pereira. El caso de Pablo Corona Duran, habla pésimo de él como persona que tiene labores de fiscalización e inspección en un servicio público. Cabe recordar que Corona, señaló en una reunión que el “Ministerio del Interior había felicitado a Marcos Soriano por la presentación de los documentos” lo que al parecer Corona faltó a la verdad por la gran cantidad de observaciones que hace el Ministerio del Interior a la administración de Fernando Inzunza con la asesoría contable de Marcos Soriano quien no debería tener estos niveles de error que son básicos de control de gestión, lo que viene a ratificar porque salió del Consejo Regional y de otros cuerpos de Bomberos. Por todo lo anterior Primera Página puede señalar que podría ser la Subsecretaria de Justicia y/o Subsecretaria del Interior quienes acusen a Parada, Inzunza, Chávez y sus tesoreros generales como todos aquellos que resulten responsables al Ministerio Público. Se conoció que la información de las observaciones del Ministerio del Interior habrían sido puestas a conocimiento de la Contraloría General de la República.
Vamos a conocer las cifras, que responsablemente publicamos ya que son extraídas de documentos soportantes como siempre ha sido el estilo de nuestra edición. La Subsecretaria del Ministerio del Interior bajo la administración de Fernando Inzunza Oñate y Pablo Corona Duran como tesorero general y en conocimiento del llamado directorio, aprobó por concepto de gastos operacionales una cifra por sobre los $16,5 millones de pesos y le observaron al Cuerpo de Bomberos de Penco, una cifra superior a los $11 millones de pesos, entre ellos por faltas de contratos con la empresa Masori SpA de propiedad de Marcos Soriano por $4 millones 390 mil pesos, falta de contratos de quienes prestan servicios y que además algunos son bomberos (Bomberos pagados de Chile), entre ellos: Diego Pino, José Avello y Alan Cormak, etc. $ 2 millones 594 mil pesos. El Ministerio observó por no haber detalle el motivo de arriendo de camiones aljibes a los proveedores Fabiola Fernández y Carlos Chandía que entre ambos servicios suman $914 mil pesos. Pero eso no es todo, falta contrato por prestación por $890.000; y falta aclarar detalles de instituciones pagadoras Previred por una suma de $874.884. Finalmente, el Ministerio del interior le observó el detalle de los meses impagos a la empresa de agua potable Essbío por $680.200. Concluyendo, el informe con el rechazó de $12 millones de pesos por concepto de ayuda extraordinaria para la instalación de cierre perimetral en la tercera compañía. Entonces habría que preguntarse el por qué César Jara Torres, no toma una decisión si tiene en su poder el informe y seguir las acciones que le corresponde. ¿Acaso pretende impunidad para sus “amiguis”? Jara Torres no puede desentenderse de esta situación el forma parte del problema y podría ser cómplice por no haber fiscalizado.
Irregularidades administración actual.
Como es cuento de “nunca acabar”, el directorio que al parecer ha actuado bajo la total irresponsabilidad nominó una inexperta comisión quizás con el claro objetivo de deslegitimar la auditoria que realizaron 2 profesionales de la Junta Nacional de Bomberos de Chile. A la bullada comisión se le fijó 15 días plazos, para emitir un informe. Voluntarios cercanos a la superintendencia señalan, es un “chiste” nadie conoce nada. Esta información está en poder de César Jara y como lo señalamos en el párrafo anterior él es parte de las irregularidades. La escena sin duda podría ser prácticamente la misma sólo cambiarían los actores Emmanuel Alarcón que está siendo investigado por presuntos actos irregulares administrativo-contables e Iván Molina Pereira quien conoce perfectamente la existencia de cheques protestados del Cuerpo de Bomberos de Penco en el comercio comunal, hecho completamente irregular y no denunciado. Tiene conocimiento que se le debe dinero a proveedores de la comuna, firmó cheques institucionales para que fueran cobrados por terceros y tiene un fuerte cuestionamiento según los bomberos ya no aún no habría dado cuenta a su compañía de la venta de un carro aljibe, que según versiones no era reparable y lo contario han demostrado quienes lo compraron señalando que está totalmente operativo. Por otra parte, el tesorero general eventualmente no habría fiscalizado los destinos de los dineros que llegan a las compañías especialmente por concepto de colectas. Es así como los propios voluntarios segundinos señalaron la irregularidad del director de guardar dinero en su oficina lo que no sería de extrañar pudiera ser robada o hurtada tal como sucedió con el episodio del notebook. Lo anterior es parte de la labor del tesorero general Iván Molina Pereira quien debiera de inmediato haber informado al directorio.
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